NORMA ISO PARA LA TRADUCCIÓN JURÍDICA

En la industria de la prestación de servicios lingüísticos, tanto en agencias como en régimen autónomo, una de las dificultades más evidentes es la de la diferenciación. En la actualidad, la oferta de traductores e intérpretes es inmensa: profesionales con educación y práctica en traducción, expertos en otras disciplinas con conocimiento y práctica de la traducción, perfiles que van acumulando experiencia en traducción con cada encargo, etc. Y aparte, hay que tener en cuenta la presencia de personas que ofertan servicios lingüísticos profesionales pero que carecen de formación y experiencia (a este respecto os invitamos a leer uno de nuestros artículos que trata sobre scammers). Entonces, ¿cómo se logra destacar entre la multitud? Si bien es cierto que una oferta de servicios amplia abre al traductor o a la agencia muchas más puertas a posibles clientes, en última instancia lo que realmente se valora y «crea» fidelidad y una buena reputación es la garantía de calidad. Tener herramientas que garanticen al cliente que la traducción que recibe ha pasado por un riguroso sistema de control diseñado para detectar y corregir posibles errores asociados a las distintas tareas (gestión, traducción, revisión…) comporta un valor y, por ello, se ha convertido en una necesidad obligatoria y en un objetivo principal para todos los trabajadores del sector.

Para poder garantizar un cierto grado de calidad, lo habitual es que las agencias y los profesionales autónomos desarrollen una serie de estrategias que afectan a todo el proceso de traducción, desde que se recibe el proyecto hasta que se entrega y, normalmente, incluso después (podéis encontrar más información en entradas anteriores de nuestro blog). Aparte, un recurso muy útil es obtener una certificación específica. Lograr que un organismo oficial reconozca la calidad de nuestro trabajo es una prueba de peso a la hora de presentar la validez de nuestros servicios. De hecho, en el sector de la traducción destacan una serie de certificaciones que ya presentamos en este artículo.

Sin embargo, estas normas se aplican de forma general y, por lo general, a las agencias, ya que requieren de la participación de varios profesionales en los procesos. Pero, el año pasado, la Organización Internacional de la Normalización publicó una norma específica para los servicios de traducción jurídica: la ISO 20771.

El campo de la traducción de documentos jurídicos es altamente sensible. Ello se debe a que los documentos más habituales incluyen contratos, acuerdos, poderes, decisiones de un tribunal, documentos de registro, certificados de nacimiento, actas matrimoniales, etc. Asimismo, muchos de estos documentos adquieren un valor oficial dentro de muchas instituciones (órganos gubernamentales, tribunales…), por lo que cualquier error no solo puede comprometer la validez y la acción para la que han sido concebidos, sino que, además, presentar traducciones que no cumplan los requisitos de calidad (precisión, corrección gramatical, consistencia, etc.) puede implicar una serie de pérdidas económicas. Por ello, es muy importante tener claro si lo que se precisa es un traductor jurídico (familiarizado con la terminología y el contenido de los textos legales y especializado en su traducción) o bien un traductor [jurídico] jurado (traductor que, aparte, cuenta con un reconocimiento y una autorización por parte del Estado y que firma con sus datos las traducciones que realiza).

Como tal, el objetivo de la ISO 20771 es definir las competencias que debe tener un traductor jurídico [jurado] para poder acreditar la calidad de los servicios que presta.

Por un lado, hay que tener en cuenta que esta norma está sujeta a una serie de restricciones. Y es que no es aplicable si en la traducción se ha empleado traducción automática (con o sin posedición), aunque sí puede usarse una herramienta de traducción automática para hacer consultas. Además, esta norma excluye a los servicios de interpretación, cuyo contexto es completamente distinto y precisa de requisitos distintos y otros adicionales. Finalmente, hay que comprender que esta norma es de aplicación individual, es decir, al profesional y a sus cualidades. Esto quiere decir que las agencias no pueden optar a obtener esta certificación, ya que sus procesos se rigen por normas que obligan a la participación de más de un profesional (gestor, traductor, revisor, corrector, etc.), si bien puede trabajar y proponer traductores individuales que si cuenten con esta acreditación.

El texto de la norma hace referencia a muchos conceptos propios de este servicio, pero, en esencia, expone que los traductores deben tener las siguientes competencias: competencia traductora, competencia lingüístico-textual en los pares de lenguas con los que trabaje, competencia especializada en el ámbito jurídico, competencia en las tareas de investigación documentación y procesamiento, competencia cultural en el ámbito jurídico y competencia técnica.

Asimismo, este debe cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

  1. Un título reconocido en estudios de traducción, filología o equivalente que incluya estudios relacionados con la traducción en una institución de educación superior y un posgrado en derecho u otro campo relacionado en una institución de educación superior, así como tres años de experiencia profesional a tiempo completo dedicada a la traducción de textos jurídicos.
  2. Un título reconocido en derecho u otro campo relacionado en una institución de educación superior, así como tres años de experiencia profesional a tiempo completo dedicada a la traducción de textos jurídicos.
  3. Un título reconocido en estudios de traducción en una institución de educación superior, así como cinco años de experiencia profesional a tiempo completo dedicada a la traducción de textos jurídicos.
  4. Un título cualquiera en una institución de educación superior y una certificación profesional como traductor jurado en el ámbito jurídico expedida por un organismo profesional reconocido, así como tres años de experiencia profesional a tiempo completo dedicada a la traducción de textos jurídicos.
  5. Una certificación profesional como traductor jurado en el ámbito jurídico con arreglo a la normativa y los requerimientos propios del país que corresponda.

Adicionalmente, la ISO 20771 expone que los traductores deben dedicar al menos un 5 % de su tiempo a continuar su formación e invertir en desarrollo profesional, así como a compartir conocimientos relativos a este sector. Para ello, ofrece también una serie de indicaciones.

En definitiva, los servicios de traducción en el ámbito jurado comportan una sensibilidad especial y, por ello, es necesario recurrir a profesionales altamente cualificados. Para ello, muchos organismos elaboran normas de certificación y, en concreto, la ISO 20771 puede ser de gran interés tanto para los traductores como para los potenciales clientes a la hora de poder asegurar que el trabajo se deja en las mejores manos.

 

Ref. de la imagen: https://netwire.global/traduccion-de-documentos-cuales-son-los-documentos-mas-traducidos-por-las-empresas/?lang=es

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